Por el equipo de Sterling Oak · Actualizado el 24 de septiembre de 2026
El sector cerámico español cerró 2025 con una facturación de 4.834 millones de euros y 3.484 millones en exportaciones, según el balance de ASCER — más del 90% de esa producción sale de fábricas de Castellón. Son cifras de una industria que compite con cualquier potencia manufacturera europea. Y sin embargo, en muchas de esas mismas empresas, saber cuánto stock queda de una referencia o confirmar una fecha de entrega a un cliente extranjero sigue dependiendo de que alguien abra el Excel correcto. Ese contraste —planta de primer nivel, oficina resuelta a mano— es el punto de partida de casi todos los proyectos de digitalización que vemos en el sector.
Los procesos cerámicos están muy automatizados en la manipulación y el procesado de materiales, pero las máquinas de cada fase de fabricación no suelen estar conectadas entre sí, lo que limita la eficiencia global del equipo. El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) lleva años trabajando en la dirección contraria: visión artificial para detectar defectos en tiempo real y gemelos digitales para monitorizar la planta completa. No es un concepto lejano para el sector — la Guía ASEBEC 4.0, elaborada por el ITC, está financiada por el Ivace Innovación precisamente para acelerar esta transición en empresas de Castellón.
Con cerca del 72% de la facturación del sector en exportación, cualquier fricción en el proceso comercial —un catálogo desactualizado, un pedido que se pierde en un hilo de correos— pesa más de lo que parece. Y ese margen se está estrechando: las exportaciones cerámicas cayeron un 6,2% hasta junio de 2026 respecto al año anterior, en un sector que además carga con una factura energética elevada. Un catálogo digital que se actualiza solo, un pedido online y una ficha de cliente centralizada no cambian lo que se vende — cambian cuánto tiempo y margen se pierde por el camino en confirmarlo.
Aquí hay algo que ya no es una recomendación genérica: el Real Decreto 238/2026 desarrolla la obligación de facturación electrónica entre empresas y profesionales (B2B), con dos plazos que empiezan a contar desde la entrada en vigor de la orden ministerial que desarrolla la solución técnica — 12 meses para quienes facturen más de 8 millones de euros, 24 meses para el resto. Es una norma distinta de Verifactu, cuyo calendario se aplazó a 2027 para no solaparse con esta — conviene no confundirlas. Para una pyme que factura a decenas de clientes B2B, esto no es papeleo a futuro: es el momento de revisar qué sistema de facturación tiene hoy, antes de que falten meses para el plazo.
El error más común sigue siendo comprar una herramienta antes de tener claro qué proceso concreto hay que arreglar. Un diagnóstico de madurez digital identifica primero dónde está el cuello de botella real —producción, ventas o administración— antes de recomendar nada.
Digitalizar implica casi siempre tratar datos de clientes y proveedores en un sitio nuevo: hay que revisar los contratos con los proveedores tecnológicos (dónde se alojan los datos, quién es responsable de qué) y adecuar la política de protección de datos a los nuevos flujos de información. La obligación de facturación electrónica del punto anterior es un buen ejemplo de por qué esto no puede esperar: es a la vez una decisión técnica y una obligación legal con plazo, y las dos se resuelven juntas.
El IVACE convocó en 2026 el programa Digitaliza-CV, con hasta 175.000 € por proyecto para pymes industriales de la Comunitat Valenciana — el plazo de esa edición se cerró en marzo, pero es una convocatoria anual que conviene vigilar. El Kit Digital, en cambio, no tiene convocatoria abierta en este momento: el plazo de sus últimas líneas se cerró a finales de octubre de 2025, y aunque una orden de 2026 habilita repartir fondos remanentes, el procedimiento concreto para hacerlo todavía no se ha publicado.
Cuando el proceso a digitalizar toca a varios departamentos a la vez, cuando implica firmar con un proveedor tecnológico externo, o cuando toca decidir cómo se va a cumplir con la factura electrónica B2B — ahí conviene tener claro tanto el encaje operativo como el contrato o la normativa que hay detrás. Es el tipo de proyecto que coordinamos en transformación digital, con el equipo legal integrado desde el diagnóstico.
El reglamento ya está aprobado (Real Decreto 238/2026). Su aplicación efectiva depende de una orden ministerial que aún debe entrar en vigor, y desde ese momento hay 12 meses para empresas de más de 8 millones de euros de facturación y 24 para el resto. Conviene confirmar la fecha exacta antes de dar nada por cerrado.
No necesariamente. Muchas pymes obtienen mejoras significativas digitalizando un solo proceso concreto antes de plantearse una herramienta grande y costosa.
El Kit Digital no tiene convocatoria abierta en este momento. El IVACE convoca anualmente Digitaliza-CV para pymes industriales de la Comunitat Valenciana; conviene vigilar cuándo se abre la próxima edición.
Se coordina con proveedores tecnológicos externos de confianza, seleccionados según las necesidades de cada proyecto.