El Tribunal Supremo ataca de nuevo al principio de presunción de inocencia

La resolución. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª) 308/2026, de 29 de abril de 2026 · Recurso 10622/2025 · ECLI:ES:TS:2026:2047.

En un Estado de Derecho, el principio de presunción de inocencia debería ser un pilar intocable. Sin embargo, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 308/2026, de 29 de abril de 2026, dictada por la Sala de lo Penal, supone un nuevo y preocupante golpe a esta garantía procesal y constitucional.

El caso analiza la condena impuesta a un acusado por delitos de maltrato habitual, agresión sexual y amenazas contra su pareja, que era menor de edad en el momento de los hechos. La condena dictada contra el procesado se ha sustentado de forma casi exclusiva en la declaración de la denunciante, incoherente, y en la de una amiga suya, también menor de edad. Ninguna de ellas se practicó en el acto del juicio, sino que se reprodujeron las declaraciones de instrucción.

El peligro de la prueba preconstituida sin declaración en el juicio oral

El punto más crítico y alarmante de esta resolución para el derecho de defensa es la admisión íntegra de la declaración de la víctima como «prueba preconstituida». Esto significa que la víctima principal no acudió a declarar y someterse a interrogatorio en el acto del juicio oral. En su lugar, el tribunal sentenciador se limitó a reproducir en el plenario las grabaciones de los testimonios que tanto la denunciante como su amiga prestaron previamente durante la fase de instrucción.

El Tribunal Supremo justifica esta medida argumentando que someter a la víctima a una reiteración de su declaración personal quedaba «claramente desaconsejada por el impacto de la victimización secundaria». Por lo tanto, para evitar este riesgo de victimización secundaria, el Tribunal decide eliminar más garantías al acusado, impidiéndole contrastar las varias declaraciones que habría prestado la víctima. Se elimina así, de facto, el requisito de la persistencia en la incriminación.

El Alto Tribunal escuda la validez de este procedimiento señalando que las pruebas testificales se celebraron en la fase sumarial con presencia de todas las partes, por lo que descarta que se haya producido una indefensión material para el acusado o una quiebra del principio de contradicción. No obstante, no se declaró con carácter previo que las referidas declaraciones iban a ser pruebas preconstituidas.

Un golpe letal a la presunción de inocencia

Este análisis jurisprudencial asesta un duro golpe a las garantías del acusado. ¿Qué implica realmente esta resolución para la presunción de inocencia?

• Se pierde la inmediación. Al admitir la prueba preconstituida como elemento fundamental de cargo, el tribunal sentenciador pierde la oportunidad de inmediar el testimonio directo en el entorno crítico del juicio oral, y basa su convicción en la reproducción de una grabación audiovisual.
• Se rebaja el estándar probatorio. El Supremo rebaja drásticamente el estándar probatorio al afirmar que en este tipo de delitos no siempre es exigible una corroboración periférica objetiva. El tribunal justifica la falta de pruebas adicionales argumentando que los delitos sexuales y de violencia de género suelen cometerse en la intimidad y la clandestinidad, por lo que su aportación puede resultar de consecución imposible, y no por ello decae la credibilidad de la víctima.
• Las contradicciones pasan a ser «progresividad». Frente a las alegaciones de la defensa sobre modificaciones o inexactitudes en la versión de la denunciante, el Tribunal Supremo las valida introduciendo el concepto de «progresividad en la declaración de la víctima». El Tribunal considera que si la víctima va añadiendo nuevos detalles con el tiempo, modificando el vocabulario o cambiando aspectos secundarios de su relato, no se trata de contradicciones relevantes que afecten a su credibilidad, sino de meros matices explicables por el trauma sufrido.

Conclusión

Si el sistema judicial acepta condenar a severas penas de prisión basándose únicamente en un testimonio grabado meses antes del juicio, excusando la falta de pruebas externas o médicas porque el hecho ocurrió «en la intimidad», y restando importancia a las variaciones en el relato bajo el manto de la «declaración progresiva», el principio in dubio pro reo pierde todo su valor práctico. La presunción de inocencia frente a acusaciones de este tipo se está convirtiendo, lamentablemente, en un mero formulismo teórico.

Se han eliminado de un plumazo los tres requisitos que permitían condenar solo con la declaración de la víctima: (i) la persistencia en la incriminación; (ii) la existencia de pruebas periféricas, y (iii) la coherencia de la declaración de la víctima, sin contradicciones que resten credibilidad.

Cuándo conviene una revisión profesional

Si estás implicado en un procedimiento penal en el que la prueba de cargo descansa sobre una declaración —grabada en instrucción o prestada en el juicio—, cómo y cuándo se practica esa prueba puede decidir el resultado. Revisar a tiempo si se respetan la contradicción y el derecho de defensa es el tipo de análisis que hacemos en consultoría legal desde nuestro despacho en Castellón de la Plana.

Este artículo es un comentario de opinión sobre una resolución judicial y no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.